La discusión sobre si una inteligencia artificial debe ser considerada un sujeto de derechos o simplemente una herramienta sofisticada trasciende la ciencia ficción y se instala en el núcleo de nuestra ética jurídica contemporánea; otorgar "personalidad" a un algoritmo solo por su capacidad de simular conciencia sería un error categórico que, en la práctica, solo serviría para que las grandes corporaciones evadan su responsabilidad civil frente a fallos sistémicos. En el Perú, este debate cobra una relevancia crítica si pensamos, por ejemplo, en un algoritmo de evaluación crediticia implementado por una entidad financiera local que, al operar como una "caja negra", decide arbitrariamente denegar un préstamo a un emprendedor de Gamarra basándose en patrones de datos que no terminan de entender la informalidad o la dinámica real del mercado nacional. En un caso así, la responsabilidad no puede diluirse en el software ni pretender que la máquina "decidió por sí misma"; debe recaer directamente en los desarrolladores y en la empresa que despliega la tecnología bajo el principio de responsabilidad objetiva, ya que el daño causado por un sesgo algorítmico no es un "acto fortuito", sino una falla en la supervisión humana y en la calidad de la data empleada. Por ello, más que hablar de derechos para la IA, nuestra regulación debe enfocarse en garantizar la explicabilidad y la transparencia, asegurando que detrás de cada decisión automatizada exista siempre una vía de reclamo efectiva y un responsable de carne y hueso que rinda cuentas ante la ley por las consecuencias de sus herramientas tecnológicas.