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En la práctica profesional pueden presentarse situaciones en las que el psicólogo, a partir de sus conocimientos y de la evaluación realizada, considere que determinada decisión podría perjudicar al paciente. Sin embargo, también debe respetar su autonomía, sus valores y su derecho a tomar decisiones sobre su propia vida.

Esto puede generar un dilema entre principios fundamentales como la autonomía, la beneficencia y la no maleficencia, además de poner en juego los límites de la intervención profesional.

Por eso, propongo debatir:

¿Hasta dónde debería intervenir el psicólogo para proteger el bienestar de una persona sin caer en una actitud paternalista ni vulnerar su autonomía? ¿Consideran que existen situaciones en las que el principio de beneficencia debería prevalecer sobre la decisión del paciente?

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Es una de las encrucijadas más delicadas y complejas en la práctica clínica,  Cuando lo que éticamente beneficia al paciente colisiona con sus propios deseos o decisiones, el psicólogo se encuentra ante el dilema clásico entre el principio de beneficencia (actuar en pro del bienestar del consultante) y el principio de autonomía (el derecho soberano de la persona a decidir sobre su propia vida, incluso si esa decisión implica un perjuicio o va en contra del criterio profesional).

​Para manejar esta tensión sin caer ni en el paternalismo autoritario ni en la negligencia, el camino profesional y ético implica:

​1. Priorizar el respeto a la autonomía del paciente: Salvo que exista un riesgo inminente, grave e irreversible para la vida del propio consultante o de terceros (donde se activaría el deber de protección y el principio de no maleficencia), el adulto autónomo tiene el derecho legítimo a tomar decisiones que el terapeuta pueda considerar desacertadas o perjudiciales. El rol del psicólogo no es imponer un camino, sino acompañar.


2. ​Profundizar en el análisis funcional y el origen del deseo: Investigar, mediante un diálogo socrático respetuoso, si esa decisión del paciente nace de una elección verdaderamente libre y consciente, o si está impulsada por patrones automáticos, esquemas disfuncionales, evitación afectiva o presiones del entorno que operan en piloto automático.


​3. Garantizar el consentimiento informado y la psicoeducación: Explicar con total transparencia y sin juicios cuáles son los posibles riesgos o consecuencias a mediano y largo plazo de la decisión que el paciente desea tomar, asegurándose de que posea toda la información necesaria para evaluar su propia realidad.


4. ​Sostener el espacio terapéutico sin condicionamientos: Acompañar al consultante incluso cuando decide tomar un camino distinto al sugerido por la clínica, evitando retirar el apoyo emocional o culpabilizarlo, ya que el juicio punitivo destruye el vínculo terapéutico y anula cualquier posibilidad de influencia constructiva.

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Cuando un psicólogo considera que lo que sería beneficioso para el paciente entra en conflicto con los deseos o decisiones del propio paciente, debe respetar principalmente su autonomía, siempre que la persona tenga capacidad para tomar decisiones y no exista una situación que implique un riesgo grave para sí misma o para terceros.

El psicólogo debería:

  • Escuchar y comprender las razones del paciente, evitando imponer sus propios valores o decisiones.
  • Brindar información clara sobre las alternativas, beneficios, riesgos y posibles consecuencias de cada opción.
  • Favorecer que el paciente pueda tomar una decisión informada y autónoma.
  • Mantener una actitud de respeto, empatía y no juicio.
  • Evitar utilizar su posición profesional para obligar al paciente a aceptar aquello que el psicólogo considera mejor.
  • Si existe un riesgo grave e inminente para el paciente o para otras personas, deberá actuar de acuerdo con las normas éticas y legales correspondientes, aunque esto pueda limitar excepcionalmente la autonomía.

En síntesis: el psicólogo no debe decidir por el paciente simplemente porque considere que sabe qué es lo mejor. Su función es acompañar, orientar y proporcionar herramientas para que la persona pueda tomar decisiones informadas, respetando su autonomía y dignidad, dentro de los límites establecidos por la ética profesional y la legislación vigente.

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