Las autoridades tienen la obligación expresa de prevenir la violencia entre las personas detenidas bajo su responsabilidad. Esta responsabilidad incluye el deber del cuidado y la adopción de medidas preventivas para reducir el riesgo de violencia, así como para proteger a las personas detenidas en situación de vulnerabilidad.

El hacinamiento, la escasez de personal, la corrupción, la despreocupación por el cumplimento del principio de separación de las personas detenidas, la ausencia de mecanismos de denuncia y supervisión o una falta de investigación de los casos de abuso, son los principales factores de riesgo que dan lugar a un aumento de la violencia entre las personas privadas de libertad.

Delegar tareas menores y por lo tanto, la sensación de tener cierta responsabilidad a algunas personas detenidas puede ser beneficioso para su bienestar físico y psicológico y puede contribuir a su rehabilitación. Sin embargo, sólo tareas de menor importancia deben ser delegadas, tales como la organización de actividades recreativas, culturales o deportivas. El criterio para asignar estas tareas ha de ser transparente y objetivo. Los sistemas de autogobierno en las prisiones, que conducen a la pérdida gradual del control de las autoridades, representan un riesgo importante de violencia entre los y las privadas de libertad