Los delitos sexuales vulneran derechos fundamentales como la libertad, la integridad y la dignidad de las personas, generando secuelas que perduran en el tiempo. En el debate sobre si la justicia debe centrarse en castigar o en comprender y rehabilitar, considero que no se trata de elegir una sola vía, sino de integrarlas con la protección de la víctima como eje central.

La sanción penal es indispensable para reconocer la gravedad del hecho, garantizar que no quede impune y transmitir el rechazo social a estas conductas. Sin embargo, limitarse solo al castigo no resuelve las causas del comportamiento ni evita la reincidencia. Comprender los factores asociados a la conducta delictiva no significa justificarla, sino orientar intervenciones especializadas que permitan abordar los patrones de conducta, siempre bajo estricta responsabilidad y sin poner en riesgo a la sociedad.